Los sindicatos están preocupados por la forma en que Venezuela está llevando a cabo la Agenda 2030, ya que no existe transparencia, consulta ni diálogo social. No hay acceso a la información oficial y no se consulta a los sindicatos ni se les invita a contribuir al diseño y la aplicación de las políticas de la Agenda 2030.
Para hacer frente a la crisis alimentaria en curso, el Gobierno de Venezuela aplica políticas como el programa Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) y el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Sin embargo, los sindicatos consideran que las comidas proporcionadas a través del programa escolar son inadecuadas en cuanto a su valor nutricional, calidad de los alimentos y regularidad del servicio.
En respuesta a la crisis sanitaria causada por la pandemia de COVID-19, se continúan desplegando programas que proporcionan servicios de atención primaria de salud en las zonas más pobres del país y centros de diagnóstico integral, con médicos cubanos. Pero las carencias en medicinas, insumos y material médico quirúrgico, el deterioro de la infraestructura hospitalaria, el déficit de personal médico y asistencial, ponen en riesgo la salud de toda la población en general.
En respuesta a la crisis climática, Venezuela ha firmado el Acuerdo de París. En su primera contribución determinada a nivel nacional, el Gobierno se comprometió a reducir las emisiones en al menos 20% respecto de los niveles de referencia para 2030 por medio de planes nacionales de mitigación y adaptación. Sin embargo, los sindicatos advierten que no se han adoptado medidas en este sentido al menos hasta noviembre de 2021, cuando se volvieron a incluir los mismos compromisos en una contribución determinada
a nivel nacional. Los sindicatos lamentan que no se les haya consultado durante la formulación y la aplicación de las políticas mencionadas anteriormente, a fin de poder asegurar una transición justa para los trabajadores.
¿ESTÁN LOS SINDICATOS EN LA MESA DE NEGOCIACIÓN?
El Gobierno de Venezuela declara que ha integrado los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas en su Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019-2025. La ejecución del plan nacional está dirigida por el presidente y se realiza
a través de los órganos del Sistema Nacional de Planificación, el Ministerio del Poder Popular de Planificación y el Vicepresidente de Planificación.
En septiembre de 2022, el Gobierno firmó un acuerdo marco de cooperación con las Naciones Unidas que prevé que el plan nacional aborde ámbitos como la salud, la educación, la alimentación, la ciencia y la tecnología, la asistencia social, la economía
y la igualdad de género.
Hay preocupaciones en torno a la aplicación de la Agenda 2030 en Venezuela, ya que es el país con el mayor cambio negativo en la puntuación del Índice ODS entre 2015 y 2021; en el Índice de 2022 ocupa el 120º puesto entre 163 países. Los sindicatos ponen en duda la capacidad del Gobierno para financiar sus objetivos de desarrollo, ya que la asistencia para el desarrollo que Venezuela recibió disminuyó de 2.609,2 millones de dólares estadounidenses en 2000 a 309,2 millones en 2020. También se muestran escépticos en cuanto al examen nacional voluntario de Venezuela en 2023, ya que creen que el examen nacional voluntario de 2016 fue un ejercicio retórico que no reflejó las numerosas crisis a las que se enfrenta el país. Los sindicatos lamentan el impacto de las medidas coercitivas unilaterales a Instituciones del estado venezolano, porque la situación de los servicios públicos, que ya estaban en crisis, empeoraron y tienen un efecto negativo en la calidad de vida y bienestar de los trabajadoras y constituyen un obstáculo para alcanzar la Agenda 2030.
Los sindicatos denuncian la falta de transparencia y acceso a información oficial relativa a la implementación de los ODS y no han podido comprobar si los indicadores de los ODS se han incorporado en el sistema estadístico del Instituto Nacional de
Estadísticas. No se les consulta ni invita a hacer aportaciones a la formulación de políticas relacionadas con la Agenda 2030. Por último, la implementación de los ODS no se debate durante las reuniones de diálogo social tripartito
¿SE ESTÁ REALIZANDO EL TRABAJO (DECENTE)?
Los sindicatos piden al Gobierno de Venezuela que:
• Con recursos de los fondos congelados debido a las sanciones, cree un ingreso de emergencia como complemento del salario mínimo vital para
los trabajadores, los jubilados y los pensionados.
• Establezca un fondo para la estabilización salarial, la recuperación económica, las prestaciones sociales, la seguridad social y los salarios con recursos
de la liberación y desbloqueo de sanciones, fondos de ingreso petrolero y fondos derivados de donaciones de cooperación internacional.
• Aumente el salario mínimo y las pensiones al equivalente del precio del 50% de la canasta alimentaria, con ajustes progresivos trimestrales hasta que se cubra
el 100% de la canasta básica.
• Incremente el nivel de bonificaciones proporcionadas a los funcionarios.
• Incluya a todos los trabajadores activos, los jubilados y los pensionistas en todos los beneficios no salariales de carácter social adjudicados por el sistema nacional.
• Amplíe para todos los trabajadores, jubilados y pensionados, el sistema de vales para alimentos (cesta ticket) para que cubra los gastos de alimentación,
transporte y de salud.
• Garantice el cumplimiento de los convenios colectivos en todos los sectores.
• Extienda los derechos sociales y laborales a los trabajadores informales.
• Incluya a los sindicatos en el proceso de consulta sobre la implementación de los ODS, estableciendo mecanismos que permitan la participación activa de los sindicatos en el seguimiento y la rendición de cuentas de la aplicación de la Agenda 2030.
Respecto del ODS 1, los indicadores para la meta 1.1 (erradicar la pobreza extrema) son muy preocupantes, ya que, debido a la inflación y la crisis del costo de la vida, el 76,6% de la población vivía en condiciones de pobreza extrema
en 2021, en comparación con el 25,2% en 2014. La pobreza se ha agravado y las desigualdades se acentúan porque los trabajadores del sector público, los jubilados y pensionados reciben su salario en moneda nacional, cuyo poder adquisitivo es de 1% de la canasta alimentaria, mientras que algunos trabajadores del sector privado reciben sus salarios en dólares estadounidenses y tienen un mayor poder adquisitivo, con una marcada desigualdad salarial.
Con una puntuación de 0,691, Venezuela se sitúa en medio de la escala del índice de desarrollo humano, registrando un deterioro pronunciado desde 2014. Respecto de la meta 1.3 (poner en práctica a nivel nacional sistemas apropiados de protección social), en 2017, el 54,2% de la población estaba cubierta por al menos un sistema de protección social; en 2022, a pesar de que el 76,8% del presupuesto total se asignó al gasto público, la protección social para los trabajadores sigue siendo muy deficiente.
Es necesario continuar avanzando en la implementación del ODS 5. Los datos de 2021 para la meta 5.5 (asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres) mostraron que la mitad de los puestos del Tribunal Supremo de Justicia, el 34% del gabinete de ministros y el 22,2% de los representantes electos en el Parlamento, estaban ocupados por mujeres. Los sindicatos indican que la proporción del presupuesto nacional asignada a la promoción de la igualdad de género es extremadamente baja.
En lo que concierne al ODS 8, queda mucho por hacer para implementar la meta 8.3 (trabajo decente para todos), dado que las tasas de informalidad siguen siendo altas: el 55,6% de los trabajadores que no están ocupados en el sector agrícola se encontraban en una situación de empleo informal en 2017, y los datos nacionales indican que en 2021 la cifra alcanzó el 80,8%.
Los sindicatos atribuyen el crecimiento del empleo informal a la falta de políticas gubernamentales adecuadas para combatir la informalidad. En marzo de 2018, la OIT designó una comisión de encuesta para Venezuela con el fin de analizar las reiteradas quejas por el aumento de la informalidad y la precariedad, así como la violación de las normas del trabajo.
Respecto de la meta 8.5 (empleo pleno y productivo), la tasa de desempleo era de 7,5% en 2021. La diferencia salarial entre hombres y mujeres en Venezuela es una de las peores de la región, ya que las mujeres ganaban en promedio solo el 43% de lo que ganaban los hombres en 2021. La tasa de subempleo era de 13,7% en 2019, y era particularmente elevada entre los jóvenes de 15 a 24 años (22,4%). Los indicadores relativos a los jóvenes que no cursan estudios, no están empleados ni reciben capacitación (NI-NI) para la meta 8.6 (reducir la proporción de jóvenes que no cursan estudios, no están empleados ni reciben capacitación) alcanzaron el porcentaje elevado de 37,1%, y los hombres (44%) se veían más afectados que las mujeres (30,1%).
No se dispone de datos precisos sobre la meta 8.7 (erradicar el trabajo forzoso y las peores formas de trabajo infantil).
Sin embargo, en 2020 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que, en Venezuela, el trabajo infantil se usaba cada vez más en el sector minero y que se estaba explotando para la prostitución a niños con edades entre 7 y 10 años. Venezuela presenta resultados deficientes respecto de la meta 8.8 (proteger los derechos laborales), ya que el Índice Global de los Derechos de la CSI lo clasifica como un país con violaciones sistemáticas de los derechos laborales.
Queda mucho por hacer para que Venezuela reduzca las desigualdades sociales y alcance la meta 10.4 (lograr una mayor igualdad), ya que, en 2022, era uno de los países con mayor desigualdad de las Américas y uno de los países menos equitativos del mundo. La proporción del PIB generada por el trabajo representaba tan solo 10,2% en 2019. El contexto venezolano está marcado por una emigración considerable (más de 7 millones de personas) puesto que la población intenta escapar de la pobreza y las presiones generadas por la inflación.
Respecto del ODS 13 y la meta 13.2 (incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales), los sindicatos señalan que no se les ha involucrado en un diálogo sobre una transición justa, aunque han pedido al Gobierno que integre las medidas necesarias en los planes nacionales de desarrollo.
Es urgente realizar progresos respecto del ODS 16 en Venezuela, ya que sigue sin cumplirse la meta 16.10 (proteger las libertades fundamentales). En 2022, se registraron 274 prisioneros políticos y 87 casos de amenazas contra activistas sindicales. Venezuela ocupa una posición extremadamente baja en la clasificación mundial de libertad de prensa: el puesto 159 de 180 países.
ESTAS SON PROPUESTAS SINDICALES PARA NO DEJAR A NADIE ATRÁS
La Confederación Sindical Internacional (CSI)
Central de Trabajadores ASI Venezuela, presidenta Leida Marcela León Molina
Junio de 2023