El diálogo político iniciado en México entre el Gobierno venezolano y la oposición tiene un impacto directo en la vida  de millones de trabajadores de ese país. La Central sindical ASI Venezuela pide que la voz y las propuestas de los trabajadores sean escuchadas porque son ellas y ellos,  los más afectados por la crisis y la ausencia de diálogo.

La mesa de diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y las fuerzas opositoras representadas en la Plataforma Unitaria de Venezuela se instala en el punto más alto de la crisis que vive ese país desde hace varios años. Los venezolanos hoy se enfrentan a la mayor inestabilidad política, social, económica, ambiental, migratoria, sanitaria y de derechos humanos,  por eso es vital, “que los actores polarizados, den respuesta a través del diálogo logrando acuerdos y una hoja de ruta, en la que solo haya un ganador: Venezuela”, señala Leída Marcela León, presidenta de ASI.   

Esta central sindical independiente, aliada de CNV Internationaal, considera que los consensos políticos que se buscan con esta mesa de diálogo no pueden ignorar las propuestas de las organizaciones de los trabajadores quienes no han sido convocados, ni en Venezuela ni en México, por los organizadores de la mesa de diálogo: “los actores políticos deben comprender que sin sindicatos no hay democracia”, apunta León. 

Maurice van Beers, Coordinador regional para América Latina de CNV Internationaal resalta que,“un diálogo social con la participación de sindicatos autónomos, independientes y democráticos como lo es la Central ASI es clave para la recuperación económica, la reconciliación nacional, la garantía para los derechos de los  trabajadores venezolanos y fortalece la búsqueda de una salida a la profunda crisis que vive Venezuela.”

La voz de los trabajadores fortalece el diálogo político

Para los trabajadores venezolanos el diálogo político tiene un impacto directo en el diálogo socio laboral y constituye una herramienta para conquistar acuerdos que permitan mejorar las críticas condiciones salariales, de seguridad y salud en el trabajo y  el ejercicio de la libertad sindical.

El contexto social y económico que enmarca esta mesa de diálogos no puede ser más dramático. El salario mínimo prácticamente no tiene ningún poder adquisitivo, sólo cubre el 1,02% de la canasta alimentaria,  que se traduce en hambre, enfermedad, muerte, desnutrición, ausencia de escolaridad de los trabajadores y sus familias y la mayor migración forzada de América Latina en su historia. Según la presidenta de la Central ASI, “los 44 meses de hiperinflación continua han destruido el poder adquisitivo del salario y todos los beneficios conquistados en las convenciones colectivas”. A lo anterior se suma, los 159 casos de trabajadores y dirigentes sindicales detenidos, situación que amenaza la libertad organizativa y la defensa de los derechos fundamentales y laborales. 

Unos diálogos que tienen  como testigo a un país que sigue enfrentando la pandemia con un sistema de salud colapsado y sin equipos de bioseguridad para quienes luchan contra el virus, con índices muy bajos de vacunación de los sanitarios que se traducen en miles de contagios del personal de salud.  Para poner solo un ejemplo, en el primer semestre del año se han monitoreado  722 fallecidos del sector salud de un total de 3.799 fallecidos según cifras oficiales, es decir, el 19,4% de los muertos por coronavirus son trabajadores sanitarios. Con esos indicadores, asegura Leída Marcela León, “la voz de los trabajadores debe ser escuchada en el diálogo político, ya que incluso podemos mediar entre los actores polarizados, para que entiendan y se sensibilicen con nuestro dolor y angustia.” 

Propuestas de la Central ASI a los diálogos políticos en México

Desde el mes de febrero estamos sentados en el diálogo social bipartito y tripartito, convocado por el Ministerio del Proceso Social del Trabajo, en el que aún no hay consensos o acuerdos plasmados en resultados concretos macro. La Central ASÍ Venezuela en ese diálogo social ha presentado propuestas a mediano plazo, cuya aplicación depende del diálogo político que genere productividad, confianza, empleo y seguridad jurídica.


Ante un escenario de propuestas de recuperación progresiva de los derechos de los trabajadores para que haya trabajo decente en Venezuela, urgen 5 medidas que ayudarían a generar una respuesta real y concreta para la fuerza de trabajo venezolana:

Libertad plena de todos los trabajadores y dirigentes sindicales judicializadosDerogación de las Normas sindicales NATALMES que intervienen los procesos electorales sindicales y vulneran la libertad y autonomía sindical por parte del Consejo Nacional Electoral.

Promulgación de una Ley de Emergencia Laboral que entre sus propuestas incluya un Ingreso Vital de emergencia, como respuesta a la crisis multidimensional que sea un “salvavidas” que atienda la emergencia nacional:Ingreso monetario equivalente a cincuenta (50) euros pagaderos en bolívares que beneficie a toda la población económicamente activa, jubilados y pensionados, tanto en el sector público como en el sector privado, y a los trabajadores no dependientes.Programa de carácter transitorio por un periodo de doce (12) meses, pudiendo ser prorrogables por seis (6) meses adicionalesEn paralelo debe establecerse un programa de reformas tributarias, legales, de empleo y de productividad, a través del diálogo social tripartito, el cual conlleve a establecer seguridad jurídica a inversionista así como el retorno de la inversión y con ello la reactivación del aparato productivo del país generando de esta manera programas de trabajo decente y una recuperación del salario para el trabajador/a venezolano, durante el beneficio de la Ley de Emergencia Laboral.

Pedimos a los actores del diálogo político, busquen los consensos necesarios para el desbloqueo de los recursos congelados al Estado venezolano en el exterior, que haga posible el pago de esta propuesta de un ingreso mínimo vital.Vacunación urgente de todos los trabajadores, para poder reinsertarse progresivamente al empleo productivo. Creación e instalación de la Comisión y/o Consejo Tripartito Nacional de salarios.

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